Gobierno implementa acciones para enfrentar la utilización de dispositivos móviles en actividades delictivas.

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Decreto legislativo permitirá dar de baja a celulares utilizados en extorsión, secuestros y fraude tecnológico

El Poder Ejecutivo ha implementado una serie de medidas destinadas a contrarrestar y reducir el uso de dispositivos móviles en actividades delictivas, al mismo tiempo que ha introducido disposiciones para reforzar la seguridad en la contratación y cancelación de servicios públicos móviles. Estas acciones fueron establecidas mediante el Decreto Legislativo N° 1596, emitido por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República.

El decreto, publicado ayer, 17 de diciembre en Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, introduce modificaciones a los decretos legislativos N° 1338 y N° 1215, así como al Código Penal. Entre las medidas adoptadas se incluye la atribución otorgada al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) para solicitar a la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional Penitenciario, el Ministerio Público o el Poder Judicial la suspensión temporal de las líneas, la emisión de mensajes de advertencia a los abonados o usuarios, el bloqueo del IMEI de los dispositivos móviles detectados como alterados, duplicados, clonados, inválidos, que no figuren en la Lista Blanca del RENTESEG; y/o la cancelación del servicio público móvil, de acuerdo con el informe de los dispositivos móviles utilizados o vinculados a la comisión de delitos, según el procedimiento establecido para tal fin.

Además, se concede la facultad de solicitar a las empresas operadoras de servicios públicos móviles de telecomunicaciones la cancelación de los servicios públicos móviles que no cumplan con los requisitos de validez conforme a la normativa emitida por el Osiptel.

Nuevo tipo penal

A la par se incorpora en el Código Penal el delito de posesión ilegítima de dispositivos para adulterar, reemplazar, duplicar o modificar IMEI, mediante la incorporación del artículo 222-D a dicho cuerpo legislativo.

De modo tal, se establece que el que posea dispositivos, aparatos, herramientas, instrumentos o programas informáticos con la finalidad de ser utilizados en la adulteración, reemplazo, duplicación o modificación de IMEI lógico o físico de terminales móviles de comunicación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años e inhabilitación conforme al inciso 4 del artículo 36. 

La misma pena se aplicará al que, promueva, facilite o financie la obtención de los aparatos, herramientas, instrumentos o programas informáticos para aquella finalidad, añade aquel nuevo artículo.

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